24 de octubre de 2011

Entre lo fiscal y lo social

Reformas tributarias
Andrés Mideros Mora

Leí en la prensa (El Comercio) un artículo sobre las reformas tributarias en el Ecuador. Más allá de que no compartí ni la forma ni el fondo con que se trató el tema, me hizo reflexionar. Parece que hay varias cosas que no están claras al momento de hablar de una reforma tributaria. Primero, la reforma se debe aprobar en la Asamblea Nacional. El SRI presenta al Presidente una propuesta. Segundo, algunos puntos que deben estar claros: (1) los impuestos financian el Estado, (2) el Estado usa los impuestos para brindar bienes y servicios a toda la sociedad, (3) los impuestos, también, son una herramienta para modificar las preferencias de consumo, (4) los impuestos reflejan una elección social, y (5) los impuestos deben ser progresivos para garantizar equidad. Equidad horizontal que demanda igual trato a personas/entidades iguales y equidad vertical que demanda trato diferente a personas/entidades diferentes. Y la diferencia entre personas/entidades se da en la “capacidad contributiva”.

El actual gobierno ha planteado varias reformas que han permitido, junto a una mejor recaudación, aumentar los ingresos tributarios de USD 4,8 mil millones (11,7% del PIB) en 2006 a USD 7,8 mil millones (13,7% del PIB) en 2010, con una tasa de crecimiento real anual, promedio, de 8%. Es importante señalar que la presión fiscal (impuestos como porcentaje del PIB) es menor a la que presentan Brasil y Chile (15%), y menos de la mitad del promedio en los países de la OECD (34,8% en 2008). Por su parte el gasto social pasó de representar el 4,7% del PIB en 2006 al 8,1% del PIB en 2010, con una tasa de crecimiento real anual, promedio, de 24%. La economía (PIB) creció a una tasa real anual, promedio, de 3,4% entre 2006 y 2010. En 2011 el PIB crece a tasas mayores.

En el mismo periodo (2006 a 2010), el porcentaje de personas con ingresos menores a la línea de pobreza (USD 56 per-cápita mensuales en 2006) se redujo de 37,6% a 33,1%. La severidad de la pobreza por ingreso pasó de 8,6 a 7,1. La pobreza multidimensional bajó de 17,9 a 15,6. El porcentaje de personas sin acceso agua potable de redujo de 32,1% a 27,9%. El porcentaje de personas con acceso a computadora en el hogar pasó de 19,6% a 28,2%. El porcentaje de personas afiliadas a la seguridad social pasó de 15,5% a 20,6%. Se han construido y mejorado carreteras, centros de salud, centros educativos. (datos)

La política social requiere financiamiento. El financiamiento viene de la sociedad mediante el pago de impuestos. Una reforma tributaria se entiende si tiene como objetivo generar bienestar. Para ello los beneficios (mayor consumo de bienes y servicios públicos) que se tendrán, como sociedad, deben superar los costos (reducción de consumo de bienes y servicios privados, reducción de inversión por parte de agentes-maximizadores-de-renta). En un esquema que busca la economía social y solidaria se debe encontrar el balance entre la Sociedad, el Ambiente, la Economía (popular + privada + pública) y el Estado.

Lo extraño de las pre-propuestas de reforma tributaria, o mejor dicho de la falta de decisión para presentarla es que no se lograba definir ni el objetivo ni el mecanismo. Se ha planteado una reforma “verde” que buscaría modificar hábitos de consumo hacia bienes y servicios amigables con el medio ambiente. Sin duda una forma de generar valor social. Se busca aumentar el impuesto a la salida de capitales, que está muy bien, aunque se debe pensar en excepciones y compensaciones para insumos (no sustituibles a corto plazo) y para migrantes. Al final el objetivo de ese impuesto es que el ahorro nacional (público y privado) se convierta en inversión el país y no en otros lugares.

Pero se deben transparentar varios temas. Una política social fuerte requiere financiamiento. No se ha presentado el argumento de que los impuestos se deben incrementar a fin de que el Estado pueda proveer los bienes y servicios necesarios (e.g. educación, salud, protección social, seguridad, justicia). Sin duda, de la mano se debe combatir, penalizar y eliminar la corrupción; se deben fortalecer las instituciones; lograr independencia de poderes; crear medios de comunicación independientes (de intereses políticos y económicos); generar un sistema financiero que sea actor de desarrollo (canalizador del ahorro hacia la inversión); regular la irresponsabilidad de la empresa privada.

Se debe dejar de lado posiciones dogmaticas que dicen que un Estado grande es malo, con el único argumento de que “el mercado es perfecto”. Ya sabemos que no lo es. Tampoco con el argumento de que la planificación centralizada garantiza el bienestar de todos/as. También, sabemos que no lo hace. Se debe tener equilibrio. El accionar del Estado se debe juzgar por su capacidad de proveer bienes y servicios con calidad, suficiencia y eficacia, también con eficiencia (pero no únicamente). Si hay otra manera (no pública) de proveer estos bienes y servicios y generar mayor bienestar, se lo debe hacer. Pero que el argumento venga con la propuesta (que quede claro que el fin es el bienestar no la rentabilidad ni la eficiencia sin suficiencia).

Pero también se debe generar conciencia social. El pacto fiscal debe responder al pacto social. Si se quiere bienes y servicios púbicos de calidad, hay que pagar impuestos. Si se quiere educación, salud, seguridad social, seguridad física, instituciones de calidad, se debe contribuir como sociedad. La contribución se da mediante el ejercicio de la ciudadanía. Sus derechos y deberes. La participación y el pago de impuestos, entre otros.

Al analizar la reforma tributaria (ahora que ya hay un proyecto, se podrá reflexionar en detalle) se debe pensar en su efecto en el bienestar, y en los objetivos que se tienen como sociedad. Es momento de empezar a pensar un proyecto de país.

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