Hacia el fin de la pobreza: Imperativo universal con corresponsabilidad local.

Rol de los municipios en la erradicación de la pobreza.

En Ecuador, febrero de 2014 vendrá con elecciones a nivel local (Gobiernos provinciales, municipales y parroquiales). Ya se preparan candidatas y candidatos, y sus programas de gobierno. Esta reflexión pretende generar algunas ideas iniciales para analizar estos programas y decidir el voto. Ideas que tendrán su reflexión en detalle a medida que se acerca e inicia la campaña. En ningún caso se abarca todo el accionar de los Gobiernos Autónomos Descentralizados, GAD, sino que se enfocan en el objetivo de #ErradicarPobreza. No se trata de reducirla, combatirla o aliviarla, sino de eliminarla. Se pretende además fomentar movilización social; factor indispensable para lograr esta meta que no es ambiciosa sino un imperativo universal. Es algo que debe ser hecho. Ya es hora.

Un primer llamado a que todos y todas revisemos la Constitución. El régimen de competencias (Arts. 260 a 269), establece las atribuciones de cada nivel de gobierno; mismas que se amplían en el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, COOTAD (Arts. 28 al 71). De la misma manera es importante revisar, en el COOTAD, las facultades y atribuciones ejecutivas de alcaldes/as y prefectos/as, y normativas y de fiscalización de concejales/as municipales, consejeros/as provinciales y de presidentes y vocales de las juntas parroquiales rurales. Gran parte de lo que puede o no hacer un GAD pasa por temas de regulación, que se establecen mediante ordenanzas, resoluciones y reglamentos, de los Concejos Municipales, Consejos Provinciales y Juntas Parroquiales.

Es importante considerar las competencias de cada nivel de gobierno y las atribuciones de cada dignidad para opinar, decidir y movilizarse de manera informada y consistente. Es necesario además exigir la articulación necesaria entre niveles de gobiernos, en las competencias concurrentes. El poder popular se logra desde la participación ciudadana.

La pobreza es un fenómeno que indica carencias o privaciones. Es la falta de bienestar, el no-desarrollo. Incluye factores coyunturales como la capacidad de producir y consumir bienes y servicios, así como determinantes estructurales de exclusión y explotación. La pobreza se refleja en la carencia de derechos y libertades, en el uso del tiempo y la satisfacción subjetiva (la felicidad). No hay una definición única de bienestar, desarrollo, ni de necesidades; por lo tanto no hay una concepción universal de pobreza.

La pobreza es una noción política, que parte de una construcción socio-cultural. ¿Qué es pobreza?, es algo que establece la sociedad, no en un libro de texto, mucho menos desde el Banco Mundial con el absurdo de consumo equivalente a USD ~2 al día, menos con ingreso. ¿Por qué absurdo?... primero, no todo lo que genera bienestar se puede cuantificar en términos monetarios, y segundo no todo lo que genera bienestar se puede encontrar en un “mercado” de transacciones monetarias, ni todos/as tenemos acceso a ese “mercado”. La pobreza es multidimensional.

En el Ecuador, desde la idea del Buen Vivir, la pobreza se entiende como la privación de derechos, la negación de la ciudadanía; una condición de violencia y desigualdad inaceptable. Los derechos no son favores ni privilegios. La erradicación de la pobreza, entonces, parte del fomento de las libertades y capacidades, pero también de la garantía derechos, incluyendo los de la naturaleza, así como desde el logro de la igualdad en la diversidad.

Erradicar pobreza: Garantizar el derecho al territorio

Los Gobiernos Autónomos Descentralizados, GAD, deben garantizar el derecho a la ciudad y al campo: al disfrute del espacio público y del tiempo, al uso sustentable, incluyente y solidario del territorio, de sus recursos y capacidades, a contar con acceso a servicios y medios de movilidad sustentables. El ordenamiento territorial, la regulación y control público y el fomento de la participación ciudadana, son componentes que no deben faltar en las propuestas de gobierno local.

Un determinante de la pobreza en el Ecuador es la falta de servicios de saneamiento (agua segura, alcantarillado, tratamiento de aguas residuales y gestión integral de desechos sólidos). Estas determinan más del 50% de la pobreza por necesidades básicas, y condicionan a la desnutrición infantil (un/a niño/a que no tiene acceso a estos servicios seguramente tendrá problemas de desnutrición crónica). Estos servicios son competencia exclusiva de los GAD Municipales y se relacionan con los derechos del Buen Vivir: a la vivienda digna, al ambiente sano, al agua segura, a la seguridad y soberanía alimentaria y a la salud. En resumen, a la vida digna.

A diciembre de 2012, a nivel nacional, según datos de la ENEMDUR, el 25,5% (29,1% en 2006) de los hogares ecuatorianos no cuentan con servicio de agua por red pública y el 44,5% (47,1% en 2006) carece de servicio de alcantarillado por red pública. Porcentajes que se incrementan al 63,7% (73,1% en 2006) y 79,4% (86,8% en 2006) en zonas rurales, respectivamente. [Puede revisar www.sni.gob.ec para mayor detalle de datos]. Lograr una cobertura mayor al 95% de hogares con servicios de saneamiento es una meta del Estado, al 2017. Estos servicios son de competencia de los GAD Municipales. Lograr la meta señalada, es una condición indispensable para la erradicación de la pobreza por necesidades básicas.

“Candidato a alcalde/sa que no tenga en su programa de gobierno proyectos de agua y saneamiento, difícilmente será un/a buen alcalde/sa”. Así lo dijo el Secretario Nacional de Planificación y Desarrollo, en la devolución a la ciudadanía del Plan Nacional para el Buen Vivir, PNBV, 2013-2017. Importante complementar y decir que pueblo (mandante) que no se movilice y exija estos servicios, difícilmente tendrá un/a buen/a alcalde/sa. Pueblo que crea en “modelos exitosos” de privatización y exclusión verá a los “ricos” cada vez más “ricos” y a los “pobres” cada vez más “pobres”, con servicios públicos como privilegios de unos/as pocos/as.

Salud y educación, son derechos que el Estado debe garantizar. Para esto se está implementando el proyecto de distritos y circuitos que debe llevar los servicios desconcentrados del Estado central a todo el territorio nacional, con calidad y pertinencia. Son 140 distritos y 1.134 circuitos, a nivel nacional (cubriendo los 221 cantones/municipios), que pretenden organizar la oferta de servicios públicos. Pero se debe trabajar en el acceso. Los GAD deben garantizar: viabilidad urbana y rural (accesos), nuevas centralidades que eviten la necesidad de largos desplazamientos para acceder a los servicios, medios de movilidad incluyentes y sustentables, y programas complementarios dentro de sus competencias.

La protección de derechos y la atención especializada a grupos de atención prioritaria, en particular a la primera infancia, niños/as y adolecentes, jóvenes, los/as adultos mayores, personas con discapacidad, mujeres embarazadas, personas en condición de movilidad humana son también competencias del Estado que involucran a los GAD de manera concurrente. Se debe garantizar espacios públicos incluyentes, fortalecer las juntas de protección de derechos, articular con otros niveles de gobierno para la prestación de servicios e implementación de programas para el desarrollo integral de la primera infancia, cuidados a adultos mayores, así como la generación de espacios y actividades para niños/as y juventudes.

La pobreza no se podrá erradicar sin transformaciones profundas en las estructuras económicas. Se debe fomentar las vocaciones productivas de los territorios, mejorar su productividad, democratizar el acceso a los medios de producción, en particular el agua, la tierra, la tecnología y el crédito, cambiando las relaciones de distribución y poder. La redistribución incluye democratizar la generación de la renta urbana y rural, garantizar la propiedad y servicios de apoyo a la producción. El fomento productivo debe darse pensando en la complementariedad de lo urbano y lo rural, y garantizando sustentabilidad ambiental. Esto requiere planificar y ordenar el territorio. Garantizar la competitividad territorial con medios de transporte, almacenamiento y venta de productos, brindar las condiciones de comunicación y acceso a tecnologías de información y conocimiento, fomentar la innovación.

Garantizar el derecho al trabajo digno, para todos y todas, demanda acciones concretas de los GAD. Fomentar la economía popular y solidaria, EPS, requiere el registro y fortalecimiento de sus actores. Fomentar la asociatividad, pero también el trabajo individual, autónomo y no-remunerado, brindar capacitación, y apoyar la ocupación creativa. Usar las compras públicas como medio de inclusión, en particular en lo referente a servicios y bienes de consumo que adquiere el Estado. Fortalecer a actores de la EPS y delegar, como lo permite el COOTAD (Art. 283), la prestación de servicios públicos. La generación de espacios y el ordenamiento del territorio deben fomentar las condiciones necesarias para el trabajo digno de todos y todas. Fomentar el pleno empleo mediante propuestas de trabajo o empleo público relacionado a actividades que fomenten la generación de infraestructura productiva y de servicios.

Los GAD tienen como competencia el desarrollo y ordenamiento territorial. Las elecciones de Febrero de 2014 marcarán los programas territoriales para los próximos años. El derecho a la ciudad, debe ser la bandera de cualquier candidato/a a alcalde/sa: espacios públicos para todos y todas, movilidad incluyente y sustentable, hábitat y vivienda, servicios públicos de calidad y accesibles. El Buen Vivir rural o desarrollo rural debe dar el horizonte en los programas de candidatos/as a prefectos/as y a las juntas parroquiales. Solo con acciones coordinadas entre niveles de Gobierno y con la acción colectiva de actores públicos, privados y comunitarios se logrará tener territorios del Buen Vivir.

Los GAD ejercen la representación política. Es necesario definir el proyecto de territorio que se quiere implementar. La propuesta es uno que se enfoque en la erradicación de la pobreza. Entonces, cuidado con los modelos que privatizaron el espacio público, que crearon corporaciones privadas para hacer festín de los recursos públicos, que “alquilaron” o “vendieron” lo de todos/as para negocios privados, los que dan derechos como privilegio para ciertas “élites”. Cuidado porque están ahí, las derechas: con “modelos exitosos” de exclusión que pretenden mantenerse en el poder desde lógicas burguesas y coloniales; con “banqueros”, y sus mensajeros, molestos por tener que compartir el espacio que antes era solo para la “élite”; con otros que creen la autoridad pública viene por herencia y deben defender el negocio familiar (muchas veces generado mediante comodatos); y hasta con “guaguas caprichosos” capaces de pactar, a lo Lucio, con quién sea, porque no tienen nada que proponer y nada que hacer. Cuidado porque están en empresas de comunicación y redes “sociales” (virtuales) atacando gestiones progresistas, porque se les afectó el bolsillo.

En febrero próximo, pregunte a su candidato/a: ¿Qué hará para #Erradicarpobreza?

Reflexiones para [no] explotar el petróleo en el ITT.

El ambiente está de moda porque es tendencia de opinión. Lástima que no está de moda en la acción diaria. Por ejemplo, preferimos utilizar autos que movilizarnos en bicicleta. El rubro más importante del consumo de los hogares ecuatorianos, después de alimentos y bebidas no alcohólicas, es transporte, y dentro de esta categoría la principal es “autos nuevos”. Si no me cree, revise la ENIGHUR o pregunte al INEC (@ecuadorencifras).

¿Reciclar?, ni hablar, ¿llevar funda de tela al (super)mercado?, nada. Consumo, consumo y más consumo. Sume a eso los problemas de desnutrición en niños/as menores a cinco años y de sobrepeso en niños/as en edad escolar. Es decir, el consumo que se tiene no es saludable. ¿Será local?, muy poco. Quejarse por todo es más fácil que tener coherencia; bueno la coherencia viene por lo quejumbroso. Queja permanente de lo que otros/as (no) hacen, que uno quiere que (no) hagan, pero uno (si) no hace. No es culpa de uno/a ni de los/as otros/as. Es culpa del mundo… nos ha fallado!

Esta reflexión pretende incluir algunos argumentos en el debate sobre la explotación del petróleo, en el Ecuador, del bloque Ishpingo-Tambococha-Tiputini, ITT y la iniciativa Yasuní-ITT. Mucho se ha dicho y se está diciendo sobre el tema. No es de interés repetir argumentos que se encuentran libremente en la Web. Esta reflexión se centra, entonces, en una mirada de política pública.

Años atrás pensaba (y me mantengo, que quede claro) que el Ecuador debería usar el petróleo y otros recursos naturales de manera sustentable, al mínimo impacto ambiental que la tecnología permita, para inversiones que permitan la transformación productiva y la erradicación de la pobreza. Idea que me hace compartir el postulado de “usar el extractivismo, para salir del extractivismo”, y estar de acuerdo con la imperante necesidad de cambiar la matriz productiva. En ambos casos bajo la condición, de que se lo haga para #ErradicarPobreza y garantizar el derecho al trabajo digno. Si no es para eso, deje no más. Si el petróleo se usa para beneficio de empresas privadas o extranjeras, o si el cambio de la matriz productiva va a beneficiar al capital… mejor deje así.

En parte, este discurso se plantea ahora que el Presidente Rafael Correa dio por finalizada la iniciativa Yasuní-ITT. Esta iniciativa planteaba la conservación de la biodiversidad, la protección de los pueblos en aislamiento voluntario y la mitigación del cambio climático, dejando el crudo del bloque ITT, bajo tierra, a cambio del aporte de USD 3.600 millones, a lo largo de 12 años. Es imposible no estar de acuerdo con la iniciativa. Lamentablemente, los años pasaron y los aportes no se concretaron. Se extendieron los plazos en varias ocasiones.

Es difícil estar en contra de los argumentos que se usan para llegar a la decisión de explotar el petróleo en el ITT, pero no es muy difícil estar en contra de la decisión. Me apena que como sociedad no hayamos logrado hacer las cosas diferentes. Con la explotación del ITT nos estamos fallando como sociedad. Por otro lado, dejar el crudo bajo tierra si, y solo si, se garantizan los recursos necesarios para erradicar la pobreza extrema por ingresos y de necesidades básicas, antes del 2017, y se fomenta el cambio de la matriz productiva con inclusión, priorizando el fortalecimiento de la economía popular y solidaria y garantizando el derecho al trabajo digno.

Estimaciones actualizadas, indican que la explotación generaría USD 18.000 millones,  a lo largo de 20 años. Pongamos en contexto: el país gasta en diferentes subsidios y transferencias cerca de USD 5.000 millones al año. El Plan Anual de Inversiones, PAI, del Estado central se encuentra alrededor de USD 7.000 millones por año. La recaudación anual de impuestos por parte del Estado central es superior a los USD 10.000 millones (~12% del PIB; por debajo del promedio de América Latina, ~14%, y de la OECD, ~34%). USD 18.000 millones en 20 años, equivale a USD 900 millones por año (promedio simple); es decir aumentar la recaudación tributaria en ~1 punto porcentual. Ojo… ni siquiera se necesita subir impuestos, basta con pagar los actuales. Colabore! Es viable con pacto social, fiscal y ambiental.

La generación de empleo requiere de inversión pública en infraestructura productiva y de desarrollo de capacidades, así como otros incentivos a la inversión privada. Erradicar la extrema pobreza por necesidades básicas insatisfechas (NBI) requiere de una inversión de alrededor de USD 6.000 millones (saneamiento + vivienda), y un gasto recurrente de USD 350 millones al año. [Aprovecho para una cuña: la generación de esta industria dentro del cambio de la matriz productiva (i.e. tubos, bombas, filtros, etc)]. Por su parte, la brecha de extrema pobreza por ingresos no supera los USD 400 millones al año. Es decir con transferencias (eficientes y eficaces) por un monto inferior a USD 400 millones en el primer año (y decreciente en el tiempo) se lograría erradicar la pobreza extrema (el hambre, la miseria).

En resumen, erradicar la extrema pobreza por ingresos y por necesidades básicas requiere menos de USD 9.000 millones hasta el 2017 (~USD 2.250 millones al año), y ~USD 700 millones anuales (decreciente hasta ~USD 350 millones) del 2018 en adelante. En la actualidad, se gasta ~USD 5.000 millones en subsidios y transferencias, ~USD 1.000 millones en el Bono de Desarrollo Humano, subir 1 punto porcentual la recaudación tributaria equivale a ingresos por ~USD 900 millones. El problema no es fiscal (de platas), es político!, es social!

¿Porqué no explotar el petróleo en el ITT? Primero, porque son recursos necesarios, pero en ningún caso suficientes y tampoco indispensables (hay fuentes alternativas).

Más es mejor que menos. Eso lo diría cualquier persona cuando se queda en el análisis cuantitativo sin considerar la calidad, la sostenibilidad no la sustentabilidad. Sin duda más recursos ayudarían a garantizar una vida digna a más ecuatorianos y ecuatorianas, y en menor tiempo pero los costos para obtener esos recursos no pueden quedar de lado. Producir por producir más no tiene sentido. Se debe producir para garantizar la vida digna de todos y todas, lo que incluye garantizar un ambiente sano. Cambiar la matriz productiva implica además cambiar los patrones de explotación desmedida de la naturaleza. Pasar de recursos naturales finitos a infinitos vía innovación y conocimiento.

El Ecuador estaba haciendo historia, con una propuesta única de no explotar el petróleo en determinados campos petroleros. La idea planteaba que otro tipo de desarrollo es posible. Que el Buen Vivir es factible… que es una decisión política, de ecología política, y que cambiamos de época. La gran mayoría estaba de acuerdo, y era un orgullo fomentar la iniciativa.

¿Porqué no explotar el petróleo en el ITT? Segundo, porque es una iniciativa que muestra al mundo que otro modelo de desarrollo es factible, que el Buen Vivir es posible. Si sacamos el petróleo no es el mundo el que nos falló; somos nosotros (humanos) los que le fallamos al mundo (de nuevo).

Ahora hay movilización social. Ahora salimos a las calles, a zapatear, escribimos en los medios, y hasta en las paredes del patrimonio nacional, opinamos. Ahora todos a defender el Yasuní. Lastima la falta de movilización para lograr que la iniciativa tenga éxito, que se den aportes individuales, que se generen y promuevan alternativas de financiamiento. Parece que estábamos esperando que otros/as hagan el trabajo. USD 3.600 millones se logra con un aporte promedio mensual (por veinte años) de ~USD 6 al mes de cada miembro, no-pobre por ingreso (excluyendo a personas en situación de pobreza por ingreso), de la población económicamente activa (PEA) del Ecuador, en ocupación plena (excluyendo desempleados/as y subempleados/as). Cuestión de querer.

Es fácil decir “dejen el petróleo” cuando uno/a no sufre carencias de pobreza extrema. Entonces, no explotar el petróleo, si al Yasuní, y ¿la pobreza?… que pena. ¿Por qué no dejamos de usar gas y gasolina? ¿Por qué si nos importa el ambiente, no cambiamos nuestros hábitos de movilidad, de consumo, de producción? ¿Por qué nos movilizamos, ahora (y no antes), para que no se explote el petróleo en el Yasuní, y no para que se erradique la pobreza? ¿Por qué si queremos que se erradique la pobreza no pagamos impuestos? ¿Por qué nos movilizamos ahora dando cabida a banqueros, magnates del turismo, ex-mafias de la educación y empresarios de la comunicación a que hagan proselitismo político?

¿Porqué explotar el petróleo en el ITT? Porque no hicimos nada, o casi nada, para evitarlo.

Hay individuos y grupos que defienden legítimamente, y con militancia permanente, los derechos de la naturaleza. Dejar el petróleo bajo tierra sin duda es dar pasos enormes hacia otro mundo. Hay novelería, también, y abusos (incluyendo linchamiento mediático) hacia militantes de contrabando. Al escenario súmele la decisión, de explotar, tomada por el Ejecutivo, la movilización social dividida, el legislativo con tendencia al Ejecutivo (pero con cargo de conciencia).

En mi opinión, es un momento para que se muestre la confianza en el poder popular, en la participación ciudadana, en la democracia directa. Una decisión que debe establecer compromisos con los derechos de la naturaleza, pero también con la erradicación de la pobreza. Una decisión que debe venir con compromisos en los hábitos diarios, con aportes en persona y en dinero, con pactos social, fiscal y ambiental, con decisión de construir la sociedad del Buen Vivir. El ambiente está de moda, entonces que esa moda lleve a cambios en nuestro comportamiento, nuestro consumo, nuestras responsabilidades. Yasunízate!... comprométete!