La pobreza en el Ecuador

Pobreza multidimensional en el Ecuador

Andrés Mideros Mora

Esta reflexión busca introducir una, reciente, investigación sobre pobreza multidimensional, entre los años 2006 y 2010, en el Ecuador. Además, se pretende aportar al debate y las miradas que sobre la pobreza y la política social se están haciendo para la búsqueda del buen vivir. Dentro del debate sobre la pobreza existe acuerdo en que esta representa el nivel de carencia de bienestar, y por lo tanto la eliminación de la pobreza es el principal objetivo de desarrollo. Un segundo acuerdo es que la pobreza es un tema multidimensional, y por ende se debe superar las mediciones unidimensionales basadas, generalmente, en ingreso y/o consumo. Sin embargo, no existe acuerdo sobre la definición de pobreza ni en cuanto a las políticas necesarias para su superación.

Al ser la eliminación de la pobreza el fin último del desarrollo se debe entender que mirada se tiene de desarrollo. Otro acuerdo, de los últimos años, es en cuanto a la teoría desarrollada por Amartya Sen, quién considera al desarrollo como el proceso de expansión de las libertades de las personas para que estas sean capaces de lograr la vida que cada uno/a valora. Las libertades se establecen en lo político, económico, social y cultural, así como en la garantía de transparencia y la protección de derechos. En este sentido, se debe ampliar las capacidades de las personas para su funcionamiento como miembros de una sociedad. Las capacidades generan el marco para la búsqueda de igualdad. Es decir cada persona debe tener las mismas capacidades de lograr el nivel de bienestar deseado. Pero es importante considerar que esas libertades y capacidades se logran tanto por el actuar (rol de agencia) de cada persona, así como por las estructuras y acciones de la sociedad en su conjunto, y el actuar del Estado como proveedor de bienes y servicios públicos y garante de derechos. Un salto, importante es pasar de la mirada reducida de "capacidades" en cuanto a salud y educación, y pasar a un marco de derechos, más completo, como el que se pretende desde la búsqueda del buen vivir.

En este sentido, la construcción de una idea o concepto de pobreza/bienestar es un proceso social, que lleva a considerar las dimensiones de la pobreza/bienestar como un concepto político. Entonces se debe considerar las normas, valores, instituciones y procesos que conforman la gobernanza de las políticas sociales a fin de definir que es pobreza/bienestar, establecer objetivos (pacto social), seleccionar políticas y establecer mecanismos de financiamiento (pacto fiscal). Desde esta perspectiva la pobreza es un tema relativo, que se debe diferenciar tanto en tiempo como en lugar, y debe entenderse dentro de un contexto particular.

En el caso del Ecuador, la definición de bienestar se encuentra en la Constitución del 2008, al establecer el buen vivir como objetivo de desarrollo. La pobreza/bienestar se debe entender como la carencia/logro del buen vivir, y el pacto social se define hacia el logro igualitario del buen vivir, entonces la pobreza no debe ser reducida sino eliminada. La Constitución establece como derechos del buen vivir los siguientes: i) acceso a agua y comida; ii) vivir en un ambiente saludable; iii) libre acceso a información y medios de comunicación; iv) disfrutar, mantener y construir la identidad cultural, disfrutar el tiempo libre y beneficiarse del progreso científico; v) acceso universal y gratuito a educación; vi) vivienda adecuada y digna, y disfrutar del espacio público; vii) una vida saludable y acceso permanente a servicios de salud; y, viii) trabajo y seguridad social.

El gasto social en el Ecuador se incrementó del 4,7% del PIB en 2006 al 8,1% del PIB en 2010, evidenciando un importante cambio en la priorización y definición de la política social. Pero esto como resultado de cambios en la política económica. Es así que el servicio de la deuda pasó de representar el 9,1% del PIB en 2006 al 2,5% en 2010. Sin embargo el gasto social en el Ecuador (12,6% incluyendo transferencia de la seguridad social) sigue por debajo del promedio en los países Latinoamericanos (18%). Por su parte la presión fiscal (impuestos como porcentaje del PIB) pasó del 11,7% en 2006 al 13,7% en 2010, y se encuentra en el promedio de los países de América Latina, pero por debajo de los niveles de Brasil y Chile, y muy por debajo del nivel en los países de la OECD (34,8% en 2008). Es evidente que para lograr el pacto social de alcanzar el buen vivir en igualdad, un nuevo pacto fiscal es necesario.

La literatura sobre pobreza en el Ecuador establece que sus principales determinantes son: inequidad y exclusión social, bajo nivel de educación y salud, débil institucionalidad, corrupción, inestabilidad política, baja productividad e irresponsabilidad empresarial. Por su parte las medidas oficiales de pobreza en el Ecuador identifican el porcentaje de personas que se encuentran por debajo de una línea de pobreza. Estas medidas se basan en el nivel de ingreso o de consumo. Adicionalmente, se calcula la pobreza por necesidades básicas insatisfechas (NBI), el cual indica el porcentaje de personas que habitan en hogares con determinadas carencias. El Plan Nacional del Buen Vivir establece como objetivo reducir en 25% la pobreza por NBI en zonas urbanas y en el 50% en zonas rurales hasta el 2013. La pobreza por consumo se incrementó del 39,3% en 1995 al 52,2% en 1999, para luego retornar al 38,3% en 2006, mientras que la pobreza por NBI pasó de 53,6% a 50,6% y 45,8% en los mismos años. Además, la inequidad de consumo se incrementó de 0.43 en 1995 a 0.46 en 2006. Por su parte la pobreza por ingreso se redujo del 37,6% en 2006 al 32,8% en 2010, y la pobreza por NBI pasó de 46,9% en 2008 a 41,8% en 2010. Si  embargo estos indicadores tienen varias limitaciones. Primero, no permiten analizar el nivel o severidad de la pobreza, ya que asumen que esta es un tema discreto donde un determinado nivel de ingreso/consumo es suficiente para decir quién es “pobre” y quien no sin importar la distancia entre la situación de la pobreza y esa línea. Un segundo problema es que estos índices dejan de lado otras dimensiones de bienestar y por ende no capturan en su totalidad la problemática de la pobreza. Finalmente, estas medidas no guardan relación con la definición de desarrollo que se establece dentro de una lógica de fomento del buen vivir.

La pobreza multidimensional se identifica mediante umbrales diferenciados para cada una de las dimensiones de la pobreza. Para el caso del Ecuador estas dimensiones se pueden establecer desde los derechos del buen vivir. Sin embargo, otros derechos también deben ser analizados para un análisis completo. Lamentablemente, para identificar la pobreza desde el individuo o el hogar la información estadística es limitada. Utilizando la ENEMDUR se puede analizar la pobreza desde seis dimensiones: agua y alimentación; acceso a medios de comunicación e información; educación; vivienda; protección de salud; y, trabajo y seguridad social. Mediante este análisis multidimensional se encuentra que la severidad de la pobreza multidimensional se redujo de 17,9 a 15,6 entre 2006 y 2010. Esto significa que durante los últimos cuatro años no solo se redujo el número de personas en situación de pobreza, sino que el nivel (severidad) de la pobreza se redujo. Sin embargo, los niveles de inequidad no se han reducido (en cuanto a carencias en estas dimensiones) durante estos años. Estas inequidades se encuentran en contra de la población indígena y afroecuatoriana, la población rural y las mujeres. Además, se evidencia falta de protección de derechos y seguridad económica de las familias con personas dependientes (niños, niñas, adolescentes y adultos mayores).

En base a las dimensiones usadas se concluye que para eliminar la pobreza en el Ecuador se debe universalizar y ampliar la protección social (salud, jubilación, desempleo y discapacidad pero que también se deben ampliar las medidas de apoyo a las familias de acuerdo al ciclo de vida de sus miembros), y se debe profundizar la cobertura y calidad de servicios públicos, en especial en zonas rurales. Para implementar estas políticas además de la voluntad política y el respaldo social, se debe generar crecimiento económico, pero cambiando el modelo hacia uno de mayor igualdad y se debe garantizar un nuevo pacto fiscal, en coherencia con el pacto social, para garantizar la sostenibilidad de la política social.

Con esta breve síntesis, queda la invitación a revisar y comentar este estudio (Ver).